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La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -ASOQUIMBO- solicitó al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, audiencia en el menor tiempo posible para tratar los compromisos de adjudicación de tierras para los afectados por el Proyecto hidroeléctrico El Quimbo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en Licencia Ambiental y en el Decreto 1277 del 21 de junio de 2013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  "Por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras" y en el Artículo 1 numeral 1 se refiere como primer beneficiario las “Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico ‘El Quimbo’ en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”.

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  -ASOQUIMBO- y los comités locales del  Movimiento Regional por la  Defensa del Territorio y la Vida del Departamento del Huila –Comité Cívico “Somos Río Aipe, Comité Defensores del Macizo Colombiano de San Agustín, Jaguos por el Territorio, Colectivo Cultural Cacique Yaguilga  de Pital, Colectivo por la Defensa de los recursos naturales de  Guadalupe  y el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio en Pitalito-; comunicamos que el 7 de Marzo de 2016, se expidió el Decreto  0489 del Gobierno Departamental por medio del cual se conforma la "Mesa Temática para la Verificación, Promoción,Conservación y Discusión de la Conservación del Medio Ambiente, el Agua y elTerritorio”, producto de la organización y resistencia pacífica de los campesinos, pescadores -mineros artesanales víctimas de la política minero –energética por la defensa del territorio y la vida. 

El 26 de febrero se realizó el Foro Territorio y Justicia Ambiental, convocado por el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio de Pitalito Huila, como parte de la Cátedra del SUR, espacio de reflexión, sobre las implicaciones del Modelo Extractivista que despoja a las comunidades para la imposición de megaproyectos minero energéticos y agronegocios al servicio de las corporaciones transnacionales.

A continuación reproducimos el Editorial de la Revista Procaña de marzo de 2016 (edición No. 113). Procaña es el gremio que asocia a los llamados cultivadores de caña que hacen parte del clúster del azúcar y el etanol, dominado por los grupos empresariales transnacionales Organización Ardila Lulle, Grupo Manuelita, Grupo Riopaila-Castilla y Grupo Mayagüez, tanto en el valle geográfico del río Cauca como desde hace unos años en la altillanura colombiana, donde vienen expandiéndose y fortaleciéndose como parte de una de las variantes del extractivismo en Colombia: los monocultivos.

Las quemas de caña de azúcar son una de las prácticas agrícolas desarrolladas por la agroindustria de la caña en el valle geográfico del río Cauca. Estas quemas producen efectos adversos sobre la salud, la alimentación y el bienestar de los pobladores de los municipios del área donde se presenta el monocultivo de caña. También sobre las actividades económicas, el aire, las aguas, las tierras y demás recursos materiales que se encuentran en estos municipios. En este sentido, la campaña contra las quemas se justifica desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y el cuidado del medio ambiente. Junto a las quemas se encuentran otras prácticas agrícolas e industriales relacionadas cuales son el uso de las aguas y el uso intensivo de agrotóxicos por parte de la agroindustria, que traen consigo sendas problemáticas socioambientales.

 

Por el derecho a la alimentación y el bienestar en el valle geográfico del río Cauca.

Y POR DETENER LA MONOPOLIZACIÓN, SOBREXPLOTACIÓN Y APROPIACION DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DEL CARTEL DEL AZÚCAR CONTROLADO POR LOS INGENIOS CAÑEROS DEL TERRITORIO DEL VALLE GEOGRAFICO DEL RIO CAUCA.[1]

Comprender el tejido ambiental y cultural de los Cerros Orientales es una acción vital para la ciudad, la región, para nosotros y para las generaciones que están por venir.

Este artículo intenta reflejar la disputa existente entre dos intereses adversos por la espacialidad y el modelo de desarrollo de la ciudad; por un lado, el gran capital financiero internacional con interés de extensión y profundización del modelo económico a través de la apropiación corporativa de los territorios, lo que entra en disputa con los sectores populares que reclaman acceso a la vivienda digna y el derecho legítimo a la ciudad, en esta disputa de intereses se encuentra el conjunto de la ciudad de Bogotá y la mayoría de ciudades de América Latina. La disputa contra el capitalismo que se caracteriza por ser carácter intensivo y expansivo, se manifiesta en la disputa espacial por los barrios tradicionales y populares de la ciudad, específicamente los que se encuentran en el centro de la ciudad y en la franja de adecuación de los de la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá. Haciendo un análisis a través del mapa de Bogotá la relación que existe entre los proyectos de renovación urbana (21) y los procesos de gentrificación, conurbación y metropolización con vista hacia una megalopolización, podemos avanzar evidenciando cómo el diseño no participativo de estos planes y mega proyectos, contribuyen a la profundización del patrón de acumulación neoliberal del capital financiero, inmobiliario y hotelero transnacional, mientras los sectores populares soportan procesos de reubicaciones/desplazamiento de los barrios tradicionales.

El pasado jueves 06 de octubre en horas de la mañana, SEISCIENTOS (600) efectivos de la Policía Nacional, irrumpieron de forma abrupta en el asentamiento humano de San Germán, ubicado en las postrimerías del barrio Juan Rey en la localidad de Usme. El argumento de tan arbitraria intervención era proceder con el desalojo de 220 familias de esta comunidad que en su mayoría está conformada por víctimas del desplazamiento forzado. Según declaraciones del actual Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, en la “zona fue capturado el líder de los tierreros de la ciudad quien vendía predios en invasión” y sentenciaron algunos medios de comunicación “a quien no pagaba le cortaba las manos”, con esto evidenciamos una forma más de re victimizar a  las familias y de estigmatizar a las poblaciones que habitamos los cerros orientales 

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