ECOSOCIALISMO PROPONE CANDIDATURA DEL MAESTRO MILLER DUSSÁN AL SENADO

Movimiento Ecosocialista de Colombia
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(Daniel A. Libreros* y  Miller Dussán Calderón**)

Durante los días 6, 7 y 8 de enero de 2017 en el Municipio de Tuluá, Valle se reunió la Escuela Nacional del Movimiento Ecosocialista con delegaciones de diferentes regiones del país, donde participaron experiencias de defensa del territorio, la agroecología, los animales, ecofeministas, académicos, entre otros, con el propósito de profundizar en el análisis de los contextos económicos, sociales, políticos y culturales a nivel global y nacional, aportar a la construcción de Agenda Común desde las Resistencias Territoriales y sobre el sentido de la participación en el proceso electoral del 2018.

El Movimiento propone la candidatura del Maestro Miller Dussán Calderón para el Senado, atendiendo al llamado de sectores sociales que lo reconocen como un líder social defensor de los territorios y la vida. La  postulación del Maestro Dussán representa una opción política alternativa a los partidos del establecimiento, Unidad Nacional, Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador y todos aquellos que a nombre del progreso y la sostenibilidad ambiental defienden el “Capitalismo Verde”, expresión del corporativismo transnacional que viene imponiendo el modelo extractivista, financierista por despojo a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- (represas, fracking, minería) y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social  -ZIDRES- para los agronegocios.

Principios éticos y programáticos que orientan la participación en las elecciones

- El ejercicio del poder a nivel parlamentario es una función pública cuyo propósito fundamental es garantizar los Derechos de los Ciudadanos y de la población en general reconociendo las diferencias culturales de indígenas, afros, campesinos. Se trata de un compromiso social, sustentado en la ética de la solidaridad y de la justica socioambiental  y no de un negocio de apropiación de los recursos públicos (clientelismo) en beneficio de empresas o intereses particulares.

- Los aspirantes a los cargos de representación deben ser  seleccionados previamente a través de consultas de sus organizaciones con base en sus respectivos Programas.

- Cualquier cargo de representación a nivel local, regional y nacional tienen el mismo valor y para efectos de reconocimiento de su actividad se rige por el principio: "de cada quien según su capacidad a cada quien según su trabajo"

- El Congreso Nacional debe establecer nuevas normas que garanticen la participación política sin restricciones de los movimientos sociales para el acceso a cargos de representación popular.

- La representación tiene sentido si contribuye a la construcción de un Movimiento Autónomo por la Defensa de los Territorios, el Agua y la Vida fundamentado en el PODER TERRITORIAL SOBERANO Y AUTÓNOMO.

Agenda Común Mínima

a)  Reorganización del territorio a partir de la construcción de Las Regiones Autonómicas, constituidas por razones históricas, culturales, económicas, sociales y  fundamentadas en el desarrollo de la autonomía regional, el control ciudadano del poder y una amplia inclusión y participación popular en las decisiones; propuestas por el investigador  Orlando Fals Borda, a la Asamblea Constituyente y no incluidas en la Constitución Política del 91.

b)  El cambio del modelo neoliberal, extractivista por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, geotérmica y la cogeneración (Sentencia T-135/13 Corte Constitucional) que no afecten los derechos fundamentales individuales y colectivos y, especialmente, el ambiente sano. Implica la moratoria de la política minero energética y ejercer colectivamente las funciones y competencias de los entes territoriales para decidir sobre el uso del suelo como lo establece la Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional.

c) Creación de un FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica en nuevas alternativas que sustituyan la energía fósil y las hidroeléctricas generadoras de Gases de Efecto Invernadero que explican en lo fundamental el fenómeno del calentamiento global.

d) Reconocimiento del agua como derecho fundamental, al ser un bien común y público para el consumo humano, la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, la recuperación tradicional de semillas y la diversidad cultural y ambiental de los territorios. El Estado debe garantizar la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los sistemas hídricos que implica la derogatoria del artículo 365 de la Constitución Política y la Ley 142 de Servicios públicos que privatizaron la gestión del agua[1] para los Proyectos de hidrocarburos (petróleo), minería, represas y agroindustria, la mercantilización de la misma a través del agua embotellada y la financierización, a través del acceso al “mercado carbono” (caso proyectos de explotación del oro y represas como El Quimbo) mediante la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI- por deforestación y degradación (REDD+) , es decir, la mercantilización de la naturaleza a través del capital especulativo.

e) Defensa de la Soberanía y Autonomía Alimentaria con el impulso de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, la protección de la pesca y minería artesanales, la agroecología, la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas declaradas de utilidad pública e interés social de la Nación.

f) La aprobación de todos los Estatutos Orgánicos para la garantía efectiva de los Derechos al Trabajo Digno, a la Educación y Salud Públicas, a la Vivienda y a un Ambiente Sano.

g) Defensa de las organizaciones de las mujeres por la equidad de género, los LGTBI y protectoras de los animales.

h) Participar en la construcción de la Paz con Justicia Socioambiental para el Buen Vivir contra la paz corporativa extractivista neoliberal que se viene imponiendo a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos y de las ZIDRES que fueron aprobados por todas los parlamentarios del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y sectores de los Verdes y Progresistas y fortalecidos con la Reforma Tributaria que otorgó mayores garantías para la inversión de las empresas transnacionales y el incremento y ampliación de los impuestos para los sectores populares, tal como lo recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la desvalorización del salario Mínimo.

La defensa de la paz con justicia socioambiental implica oposición radical a las opciones electorales que defienden el extractivismo (Santos, Uribe, Vargas, etc) o sectores que a nombre de la Paz, reducida a la implementación de los acuerdos Gobierno FARC, o de la lucha contra la corrupción propongan alianzas, ocultando la naturaleza neoliberal corporativa, centralista, autoritaria, represiva, clientelista del Régimen Político y, específicamente, de los gobiernos de Uribe y Santos  que son objeto de denuncias debido a que altos funcionarios son investigados por la Fiscalía por recibir coimas de la empresa Brasilera Odebrecht para la adjudicación de contratos como el de la Ruta del Sol.

Estas son algunas propuestas para la construcción del PODER TERRITORIAL con una Agenda Mínima de articulación de los movimientos y procesos de resistencia social  para la discusión, complementación y que serán, la fuente programática que guiará la participación en el proceso electoral parlamentario para el 2018.

Finalmente, los invitamos a responder si, ¿está de acuerdo con la propuesta de candidatura al Senado 2018-2022 del Maestro Miller Dussán Calderón?. Responda aquí

 

Firmado,

Daniel A. Libreros Caicedo

Miembro de la Coordinación Nacional Ecosocialista.

Mayor información: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


*Abogado Magister en Ciencia Política y candidato a Doctor en Derecho en la Universidad Nacional. Profesor del Departamento de Derecho y Director del Centro de Extensión de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional.

** Profesor e investigador de la Universidad Surcolombiana, -USCO- licenciado en Lingüística y Literatura de la -USCO- Especialista en Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica, Máster en Educación y Sociedad y Doctor en Educación y Sociedad con la calificación (cum laude), de la Universidad Autónoma de Barcelona.

[1] Colombia es uno de los países más desiguales no sólo en términos de la propiedad de la tierra, sino en relación con los derechos para el uso del agua. En particular, el 1.1% de los dueños de las concesiones de agua en el país tienen el 62% del volumen del agua concesionada.